Son 5000 metros cuadrados y con esto las fiscalías quedarían separadas de los juzgados de Comodoro Py
Con miras a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional cedió a la Procuración General un edificio de 5.000 metros cuadrados ubicado en el predio de la ex ESMA. El espacio será destinado al trabajo de los fiscales federales a partir del próximo 11 de agosto, cuando comience a regir el nuevo sistema acusatorio en esta jurisdicción.
El inmueble cuenta con tres plantas, 20 despachos privados, capacidad para 350 puestos de trabajo, auditorio, comedor, cocina y estacionamiento. Se trata de un edificio que se encontraba contiguo a la Secretaría de Derechos Humanos —organismo recientemente degradado— de donde fueron despedidas 450 personas, según fuentes oficiales. A partir de esta mudanza, los fiscales podrán operar en una sede propia, separada del tradicional edificio de Comodoro Py 2002.
La entrega del edificio, sin embargo, no cubre por completo las demandas de los fiscales federales. El reclamo original planteaba la necesidad de contar con al menos 10.000 metros cuadrados de infraestructura para afrontar los desafíos del nuevo sistema procesal. Aunque respaldan el modelo acusatorio —ya vigente en otras doce provincias— los fiscales insisten en que aún faltan recursos tecnológicos, edilicios y humanos para garantizar una implementación efectiva.
El nuevo sistema procesal penal establece que la investigación quedará a cargo de los fiscales, quienes deberán formalizar las imputaciones ante un juez de garantías en audiencias públicas y orales, sin expediente papel. En ese contexto, se requiere equipamiento específico: salas adecuadas para audiencias virtuales, servidores para almacenar imágenes, oficinas técnicas con laboratorios, sectores separados para víctimas y detenidos, y áreas para conservación de pruebas.
En paralelo a la entrega del edificio, el Ministerio de Justicia anunció que está elaborando una propuesta de reasignación de personal para acompañar la entrada en vigor del nuevo sistema en la ciudad. Como parte de ese plan, solicitó a la Cámara Federal y a la Cámara en lo Penal Económico información detallada sobre la dotación actual de recursos humanos en los tribunales del fuero penal federal porteño.
El objetivo es avanzar en una reestructuración ordenada, según lo previsto por la Ley N° 27.150, y definir una propuesta concreta junto a los distintos actores judiciales. Para ello, se prevé realizar un relevamiento institucional de empleados y funcionarios, además de una consulta anónima entre los operadores jurídicos para conocer su disposición frente al traspaso.
Actualmente, ya existe una comisión tripartita encargada de la implementación del nuevo Código. Está integrada por representantes de la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y el Consejo de la Magistratura, donde el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, actúa como delegado del Poder Ejecutivo. Esta comisión opera dentro de la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo, presidida por el viceministro de Justicia.
Con la implementación del sistema acusatorio en la Capital, se abre una nueva etapa en la administración de justicia penal federal. Sin embargo, el reclamo por infraestructura y recursos adecuados sigue siendo un punto clave de tensión entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.