El legislador porteño Ramiro Marra presentó un proyecto de Ley para crear el “Régimen de Liberación y Comercialización de Suelos en Villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Esta medida va en línea con sus promesas de campaña, ya que es candidato a legislador (busca renovar su banca) por la alianza Libertad y orden de la Unión de Centro Democrática (UCeDe).
Según el artículo primero, “se establece el régimen para la eliminación inmediata de toda ocupación irregular en las denominadas «villas» o barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), conforme al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con el propósito de liberar suelo para su integración al mercado inmobiliario, garantizando la primacía del derecho de propiedad privada y el libre mercado”.
“No se reconocerá derecho alguno derivado de usucapión, posesión o privilegio para permanecer en los terrenos, dado que, al ser mayoritariamente de titularidad estatal, no admiten tales derechos. Toda construcción o mejora realizada carecerá de validez jurídica”, expone el artículo segundo.
“Queda prohibido realizar nuevas construcciones, ampliaciones o refacciones que aumenten el volumen edificado en las villas. Se exceptúan las reparaciones estrictamente necesarias para garantizar la habitabilidad básica, sujetas a autorización del GCBA”, indica el artículo tercero.
“El Régimen de Liberación y Comercialización de Suelos en Villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se erige sobre los pilares inquebrantables de la primacía del derecho de propiedad privada y el libre mercado, entendidos como motores esenciales para el crecimiento económico y la consolidación de la seguridad jurídica en el ámbito urbano”, fundamenta el texto de Marra.
“Este proyecto, al declarar nulos los títulos irregulares y acelerar la incorporación de suelos al circuito comercial, se envía una señal clara de tolerancia cero frente a la ocupación informal, al mismo tiempo que se legitima el papel de los inversores como agentes de transformación urbana y de reubicación, subordinando cualquier consideración asistencialista a la lógica de mercado y a la eficiencia en la ejecución de infraestructuras. De esta manera, se consolida un alineamiento político que combina un discurso de orden público y seguridad jurídica con un énfasis en la competitividad y la rentabilidad financiera, reafirmando el compromiso de la gestión con una agenda pro-inversión, la reducción de la burocracia y la expansión de la propiedad privada como vector de modernización de la Ciudad”, concluye el legislador liberal.
Juan Castro
